El acuerdo para viabilizar las elecciones judiciales no llega. La piedra en el zapato es la "autoprórroga" de los magistrados. La mayoría de la población (47%) cree que la Asamblea Legislativa debe cesar a los magistrados. Todavía un porcentaje mayor (54%) cree que el arcismo apoya esta prórroga como una "devolución de favores" debido a la inhabilitación de la candidatura de Evo por el Tribunal Constitucional. La narrativa del Gobierno sobre la necesidad de no dejar al Órgano Judicial en acefalía pierde terreno en un momento de debilidad en términos de imagen y de apoyo social, cuando, debido a la coyuntura de inestabilidad política y económica, los indicadores de respaldo del Gobierno (favorabilidad e intención de voto de Arce) están disminuyendo.