En el actual debate sobre la Gestora Pública de la Seguridad de Largo Plazo se pone en duda la transparencia y eficiencia de la administración pública de los aportes de los trabajadores para su jubilicación. En la encuesta de Diagnosis se observa que la imagen de una administración pública signada por la corrupción es mayoritaria en la población. Ni siquiera los sectores sociales que apoyan al Gobierno creen en la ideoneidad de la Gestora Pública para garantizar a los trabajadores una jubilización digna