Los amparos constitucionales y las medidas cautelares a favor de candidatos eliminados en la preselección, paralizaron las elecciones judiciales. Para dos tercios de la población se trata de un complot de la alianza entre el Gobierno y los "magistrados autoprorrogados" para boicotear estas elecciones. Ello debilita el apoyo social al Presidente. Para el 90% de los entrevistados las elecciones judiciales no son relevantes. Si las mismas no se llevan a cabo (como cree el 62% de los entrevistados), el país no se verá perjudicado. Las elecciones judiciales no cambiarán nada; menos la administración de justicia tan venida a menos ante la población.