En las últimas semanas hemos sido testigos de casos extremas de violencia política contra una consejera departamental en Santa Cruz y contra dos concejalas municipales en Cochabamba. Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo ha publicado un informe sobre el acoso a mujeres electas. En él se establece un incremento del 8% de casos de violencia política contra mujeres entre 2022 y 2023, y que de 500 denuncias, sólo 3 tienen sentencia. Mientras no se observan avances significativos en las instituciones, la sociedad boliviana asume valores de menor tolerancia a la violencia política contra las mujeres. Más de la mitad de los entrevistados por Diagnosis han internalizado el discurso sobre una mayor equidad de género en la política, y la necesidad de prevenir y sancionar el acoso y la violencia contra mujeres electas.