El mes pasado el Gobierno promulgó un decreto para controlar la importación y comercialización de mercurio, para cumplir sus compromisos ante NNUU de disminuir la contaminación ambiental de la Amazonía boliviana, fruto de la minería del oro en el norte paceño. Contaminación que afecta básicamente al sujeto del Estado Plurinacional: los pueblos indígenas. El 60% de la población boliviana no cree que el Gobierno reduzca la contaminación de la Amazonía por su alianza política con los cooperativistas mineros a quienes redujo los impuestos al mínimo y les permite explotar en áreas protegidas. Esta falta de credibilidad del Gobierno no sólo está presente en las clases medias que tradicionalmente se han opuesto al MAS; sino también en el área rural y en los que se identifican como indígenas que sufren en carne propia la contaminación ambiental provocada por las industrias extractivas en el país.